Sucesos Pespunte ya de inmigración sin control

Pespunte ya de inmigración sin control

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La problemática de la inmigración sin control no es nueva ni en Lanzarote ni en Canarias y, luego, no ahondaré en la cronología de la misma (pueden consultar el oscilación que, recientemente, hizo con sobrado tiento mi compañera y secretaria común Migdalia Machín pero es indudable que el Estado debe atender de guisa inmediata la que es su responsabilidad y competencia directa si efectivamente quiere evitar una situación que ya es del todo insostenible porque el problema de la inmigración no será nuevo, pero las circunstancias socio-económicas derivadas de la crisis del Covid-19 sí que lo son y, luego, estamos frente a un polvorín social de imprevisibles consecuencias por la alerta que se está creando en toda Canarias frente a la pésima mandato del problema por parte del gobierno central sin que podamos prever, con la bonanza del mar en estas fechas,  cuántas personas continuarán arribando a nuestras costas en las próximas semanas.

No me voy a detener en qué cuota de corresponsabilidad habrán tenido los distintos gobiernos de Canarias por no exigir y alcanzar que el Estado hubiera dispuesto medidas y dotado a Canarias de los fortuna necesarios como puerta de entrada a Europa para hacer frente a este problema con inmediatez, porque eso será siempre discutible y adicionalmente no resuelve la emergencia, una vez desmantelados los Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE) que sí hubo. Lo que no es discutible es que, tanto la obligación de atender la primera acogida de estas personas como la de implementar medidas que eviten el problema en el medio y amplio plazo, es indudablemente del Estado y, luego, de los sucesivos gobiernos, presididos ya sea por el PP o PSOE, que siempre han dispensando a Canarias un trato neocolonialista que parece preferir consolidarnos como una suerte de reserva de inmigrantes que aleje el problema del condado continental. Por eso, hay que aseverar de una vez ¡puntada ya!, como están haciendo Fernando Clavijo y Ana Oramas en el Senado y el Congreso de los Diputados, respectivamente. Por cierto, los únicos que han destacado la voz en este sentido.

Por descontado que quienes logran calar a nuestras costas dejando su país y grupo en exploración de una vida mejor no han cometido más pecado que ese y debemos darles el trato más digno posible, sin proveer el peligroso caldo de cultivo de la racismo y el racismo al que tan dadas son las redes sociales, pero en paralelo debemos evitar a toda costa esta inmigración irregular sin control alguno.

El Gobierno de Canarias debe trastocarse de la sumisión en que está instalado, dar un shock sobre la mesa y exigir sin paños calientes que el gobierno central ponga de una vez por todas este problema de Estado en lo más suspensión de la dietario política española y europea, o seguiremos parcheando soluciones de guisa cíclica sin resolverlo. Claro que en el medio y amplio plazo esto pasa por tomar muchas medidas, como la cooperación al expansión, desde luego, pero asimismo la exigencia a Marruecos del control de sus costas, donde todos sabemos que pueden hacer muchísimo más, y por supuesto, el control de nuestras propias fronteras con un correcto funcionamiento del dichoso Sistema de Vigilancia Extranjero (SIVE), entre otras medidas.

En lo que se refiere a Lanzarote ­–y mas allá de la falta de que el Estado practique poco de la solidaridad interterritorial de la que presume, asumiendo y agilizando el traslado de inmigrantes, tanto adultos como menores no acompañados, a otras comunidades del condado doméstico, cosa que ahora se nos niega mirando a otro flanco– el punto caliente del problema está, en estos momentos, en cómo y dónde seguir atendiendo la imprevisible avalancha que está arribando y presumiblemente continuará haciéndolo en las próximas semanas a nuestras costas.

Como se ha dicho antiguamente por tanta clan, juraría que en todos y cada unos de los repuntes inmigratorios que hemos tenido, el Estado, al menos en Lanzarote, es propietario y luego tiene a plena y vaco disposición, aunque sea a modo de CIE provisional, un arbitrio que fácilmente se podría habilitar para esa primera acogida como es el Batallón de Infantería de Arrecife con capacidad para mantener a más de 600 personas y con tan pronto como unas decenas de militares en la hogaño. Como cuartel que es, por descontado que reúne condiciones infinitamente mejores para la vigilancia y control de grandes grupos de personas, que una nave a pie de carretera en las extramuros de Argana o instalaciones en zonas turísticas.

El pretexto utilizado, no sé si por el Servicio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero sí por el sumiso PSOE específico, de que las instalaciones no son compatibles con ese uso por la presencia de armamento, no se lo creen ni ellos. Primero, porque el cuartel es inmenso y es muy sencillo compartimentar sus usos y accesos, y segundo, porque el escaso armamento que allí pueda continuar, seguro que estará a buen recaudo. No decimos que el “CIE provisional” lo atienda el ejército, que igual podría abarloar el hombro, pero sí que lo haga el servicio con los medios humanos que se supone dispone en un hotel, una nave, o un CIE.

Admisiblemente es verdad que Pedro Sánchez ya demostró su errata de sensibilidad en su reconocimiento a la isla en 2018 cuando, siendo yo presidente del Cabildo, tuve que decidir la emergencia humanitaria por similares razones y no fue capaz de concedernos diez minutos al entonces presidente del Gobierno de Canarias y a mí para afrontar tan arduo asunto. La misma sensibilidad que ha mostrado esta semana el ministro del ramo cancelando una reunión con el contemporáneo presidente autonómico, según ha denunciado él mismo, aunque el ministro niega acaecer confirmado reconocimiento alguna en el colmo del despropósito. Con expresar “malestar” en nota de prensa, por “profundo” que este sea no es suficiente, señor presidente.

Pespunte ya de desprecio de unos y sumisión de otros. Canarias no merece este trato y necesita soluciones con emergencia.

 

*Pedro M. San Ginés Gutiérrez es portavoz de Coalición Canaria-PNC en el Cabildo de Lanzarote

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